El gran negocio de los 19 mil millones de pesos

Por Jenaro Villamil

Durante meses el “apagón analógico” ha inquietado a las autoridades federales. Hasta ahora no saben cómo aplicar esa medida, pues no sólo incumplieron con los plazos fijados por ellas mismas, sino que ahora echaron a andar una primera fase para dotar de televisores digitales a la población de Nuevo Laredo y Reynosa, en lugar de decodificadores, como se hizo en Tijuana. Esta vez la licitación para la compra de esos aparatos corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual sólo benefició a dos empresas: Comercializadora Milenio y Grupo HTJC, cuyos dueños se embolsarán 19 mil millones de pesos en este negocio.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un gran negocio de 19 mil millones de pesos del presupuesto público se inició el viernes 7, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer el resultado de la licitación para que dos compañías ofrecieran 120 mil televisores de 24 pulgadas.

Ese día la dependencia anunció que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los aparatos se repartirán en Nuevo Laredo y Reynosa, las plazas en las cuales se pretende aplicar el “apagón analógico” antes de que termine el año.

Esa compra es la primera fase de la nueva política de Televisión Digital Terrestre (TDT) que aplicará la SCT hasta diciembre de 2015. La reforma constitucional de 2013 le quitó los recursos al nuevo organismo regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones– en el tema de la política de “apagón analógico” y las licitaciones quedaron en manos de la secretaría.

De acuerdo con su titular, Gerardo Ruiz Esparza, los televisores son mejores que los decodificadores digitales que repartió la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en Tijuana el año pasado, aunque su costo sea siete veces mayor y se pretendan distribuir en 15.6 millones de hogares antes de la fecha del “apagón analógico”: el 31 de diciembre de 2015. En pleno año electoral federal, la SCT y la Sedesol repartirán televisores.

Al participar en la IV Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde en la Cámara de Diputados, el funcionario confirmó que el Ejecutivo federal pidió entregar las televisiones a la población en marginación y pobreza y calculó que el proyecto costará “entre 18 mil y 19 mil millones de pesos”.

El especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, escribió en su sitio de información que la decisión de cambiar decodificadores por televisores digitales es “irresponsable e injustificable”, pues en la mayoría de los países de América Latina se ha privilegiado la entrega de decodificadores que transforman la señal analógica en digital, y no de televisores. Así ha sucedido en Ecuador, Argentina y Venezuela, expuso.

La primera adquisición de este megaproyecto de 15.6 millones de televisores estuvo restringida a cuatro compañías: Comercializadora Milenio S.A. de C.V. (Diamond Electronics), Grupo HTJC & Asociados (Foxconn Baja California S.A. de C.V.), Teletec México S.A. de C.V. (que antes ganó el reparto de decodificadores en Tijuana) y la coreana Samsung Electronics México.

Según el acta de notificación del fallo –copia de la cual pudo consultar Proceso–, la oferta de Samsung fue desechada por ofrecer televisores de mayor resolución, y las compañías ganadoras –Comercializadora Milenio y Grupo HTJC– ofrecieron aparatos de mil 990 pesos por unidad.

La SCT pagará 138.5 millones de pesos a cada firma ganadora y cada una deberá entregar 60 mil. En otras palabras, la primera fase del reparto tendrá un costo de 277 millones de pesos y se destinará a 120 mil hogares. En Tijuana se desembolsaron 360 millones de pesos por la entrega de 192 mil 60 decodificadores en otros tantos hogares.

A diferencia del “apagón analógico” realizado en Tijuana en junio de 2013, la repartición de los televisores en las dos ciudades tamaulipecas no la hará el organismo regulador de las telecomunicaciones sino la Sedesol, que supuestamente tiene un padrón de beneficiarios, cada uno de los cuales deberá acudir a centros de acopio para recibir su aparato. La notificación se hará llegar a los hogares a través de Sepomex.

Según el fallo de la adquisición, la SCT establece que las dos compañías ganadoras están obligadas a:

“Manejar una mesa de servicio a través de un número 01-800, en el cual se atiendan dudas respecto del manejo y garantías del equipo. Como mínimo, deberá contar con un centro de atención especial al usuario en cada punto (Nuevo Laredo y Reynosa).

“Todas las entregas que se realicen a partir del 9 de marzo de 2014 deberán traer el logo institucional que deberá ser adherido en la parte frontal inferior izquierda del bisel o al centro de la base del pedestal.”

La licitación no incluyó la dotación de antenas exteriores. Según el reporte de la Cofetel, en Tijuana, por la topografía de la ciudad, existían zonas en las cuales la recepción de la señal de televisión abierta es débil o inexistente. Lo mismo podría suceder en Reynosa y Nuevo Laredo.

Para conectarse a internet, un televisor digital necesita contratar una conexión de cable que provea banda ancha. Esto no se incluye en Reynosa ni en Nuevo Laredo. Reportes internos de la SCT –cuya copia obtuvo Proceso– también advierten del riesgo de que se genere “un mercado negro de vales o televisores”, así como riesgos de duplicidades.

 

Compañías beneficiadas

 

Las dos compañías beneficiadas no habían sido mencionadas en ninguno de los proyectos de TDT. El caso de Grupo HTCJ, representado por Juan Pablo Martínez Martínez, está asociada a la compañía taiwanesa Foxconn, que no se dedicaba a los televisores digitales, sino a la maquila de aparatos telefónicos de Apple y a la manufactura de computadoras.

En mayo pasado El Diario de Ciudad Juárez publicó una nota según la cual la filial juarense de Foxconn, PCE Technology Juárez, fue la segunda mayor exportadora de manufactura de computadoras en el país. En 2011 logró el equivalente a 2% de las ventas nacionales, sólo detrás de General Motors, que logró 2.5% de las exportaciones.

Foxconn compró en 2003 una planta en Ciudad Juárez perteneciente a Motorola y comenzó en 2009 las operaciones de un complejo industrial en San Jerónimo, Chihuahua, para ensamblar computadoras en un área de 240 hectáreas. En 2011 adquirió la manufacturera Scientific Atlanta­ de Cisco y este 2014 se convertirá en una de las beneficiarias del reparto de televisores digitales en la frontera norte del país.

Comercializadora Milenio, denominada también Diamond Electronics S.A. de C.V., creada y dirigida por Augusto Arriaga Abraham, se dedica a “la adquisición, enajenación, compra, venta, importación, exportación, manufactura, fabricación, reparación, mantenimiento, almacenamiento, distribución, comisión, consignación y, en general, la comercialización de toda clase de bienes y servicios”.

De acuerdo con el folio mercantil 186/97 del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, la firma fue creada el 25 de mayo de 1994. En 2001 Arriaga Abraham fue designado administrador único y el 28 de febrero de 2013 María del Carmen Mar Reyes fue nombrada su apoderada.

Diamond Electronics fue una de las más de 20 empresas que intentaron participar en la licitación de decodificadores en Tijuana, durante el “apagón analógico” de 2013. De acuerdo con proveedores de servicios de Tijuana, consultados por Proceso, Arriaga solía presumir una buena relación con Diego Fernández de Cevallos, el candidato presidencial del PAN en 1994, y con Héctor Osuna, exalcalde de Tijuana y expresidente de la Cofetel.

 

La conspiración digital

 

Desde el origen de la definición de la política de TDT, en julio de 2004, la transición del modelo analógico al digital en los medios electrónicos ha sido “accidentada, de ocurrencias, según los tiempos políticos y las necesidades de la poderosa industria televisiva”, asegura el especialista Gabriel Sosa Plata en su ensayo Pensar la televisión pública.

Publicado en diciembre de 2011 –siete años después de iniciarse el proceso de TDT–, en su ensayo Sosa Plata escribió que desde su origen el acuerdo del 2 de julio de 2004, firmado en el sexenio de Vicente Fox, benefició a Televisa y a Tv Azteca, pues fue el pretexto para que el Ejecutivo federal les refrendara sus concesiones hasta el 31 de diciembre de 2021; es decir, 17 años más, a cambio de que aceptaran los plazos del “apagón analógico”.

Además, los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón otorgaron a las televisoras un canal digital adicional –“canal espejo”–. El acuerdo es que las televisoras devuelvan el Estado los canales analógicos originales para liberar la banda de 700 Mhz, una de las más codiciadas ahora para los servicios convergentes de triple play y banda ancha.

Hasta junio de 2013, de acuerdo con el último informe de la Cofetel, en México existen 313 canales digitales autorizados para operar, que corresponden a 40% de las 741 estaciones de televisión analógica en operación (68% propiedad de Televisa y 28% de Tv Azteca).

De los 313 canales autorizados sólo 146 están en operación. De ellos 123 son de Televisa, Tv Azteca y sus concesionarios privados asociados en los estados (84.2%), y 23 son estaciones permisionadas (15.8%), la mayoría de ellas, de los gobiernos estatales o universidades.

La principal oferta de canales digitales se localiza en las ciudades más pobladas: México, con 14; Monterrey y Tijuana, nueve cada una; Guadalajara y Reynosa-Matamoros, ocho cada una; Ciudad Juárez, siete, y Querétaro, seis.

El primer conflicto reciente entre los intereses de las grandes televisoras y el gobierno se generó el 2 de septiembre de 2010, cuando el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto que acortó de 2021 a 2015 el plazo para el “apagón analógico”. Ese mismo documento ordenó la liberación de la banda de 700 Mhz para 2012.

Asimismo provocó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impulsada originalmente por Alfonso Navarrete Prida –diputado federal del PRI en esas fechas–, pero con amplio apoyo de Televisa y TV Azteca. Los legisladores del PRI tacharon entonces el decreto de Calderón como “electorero, inoportuno y carente de información”, porque sólo 3 millones de los 27 millones de hogares en México estaban preparados para recibir la señal digital (Proceso, 1909).

La SCJN resolvió el 14 de noviembre de 2011 que el decreto de Calderón era legal y se mantuvo la fecha del 31 de diciembre de 2015 para el “apagón analógico”.

Las televisoras siempre han tratado de prolongar el “apagón” hasta el 2021, ya que esto retrasaría la liberación de la banda de 700 Mhz y la devolución de los canales analógicos.

 

La disputa en Tijuana

 

Hasta ahora la única ciudad fronteriza donde ha operado el “apagón analógico” es Tijuana, después de una agria disputa entre los comisionados de la Cofetel, las televisoras –que emprendieron una campaña abierta por la “ineficacia” del órgano regulador– y el PRI local, el cual argumentó que el plan afectaba las elecciones locales de junio de 2013.

El diferendo por Tijuana provocó la intervención del Ejecutivo federal y del Instituto Federal Electoral. Los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños solicitaron que el “apagón analógico” se difiriera del 28 de mayo hasta el 18 de julio de ese año.

A cambio de acceder a esa modificación, la Cofetel obtuvo un incremento de mil 440 millones de pesos en el Fondo de Cobertura Social, a través del cual se financiaron los 360 millones de pesos que costó el “apagón” de Tijuana.

La compañía que ganó la distribución de decodificadores fue Teletec de México, la misma que participó también en la licitación de televisores digitales, pero no ganó.

El diferendo por Tijuana provocó la comparecencia en el Senado del comisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, el 13 de junio, en medio de las críticas del PRI y una parte del PAN. En su exposición, el funcionario defendió lo realizado por el organismo regulador y advirtió que el “apagón analógico” es “quizá el proyecto estratégico y transversal más importante de la política en telecomunicaciones y radiodifusión”.

De Swaan advirtió que en “caso de que un mes antes de que corresponda realizar el apagón en una determinada localidad, no se haya alcanzado el nivel de penetración de 90% de los hogares, la Comisión debe ajustar la fecha del apagón analógico”.

El 9 de septiembre de 2013, último día legal de la existencia de la Cofetel, los mil 440 millones de pesos que estarían destinados a la siguiente fase del “apagón analógico” se reasignaron a la SCT. El nuevo organismo regulador, el IFT, ya no manejará las licitaciones. Y en lugar de repartir decodificadores, ahora serán televisores digitales.

De acuerdo con el calendario original, tras el “apagón” de Tijuana debieron seguir los de Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros –con una población conjunta de 7 millones 22 mil personas – el 26 de noviembre de 2013. Hasta el 9 de marzo deberán estar repartidos, al menos en Nuevo Laredo y Reynosa, los 120 mil primeros televisores digitales que formarán parte de un gran negocio de 19 mil millones de pesos.

Fuente: Proceso.