Ley de Seguridad Nacional
Adolfo Orive
Adolfo Orive
Desde hace 28 años, la gran mayoría de las reformas constitucionales e iniciativas de Ley impulsadas por la alianza PRI-PAN desde el Congreso de la Unión han ido en detrimento de millones de mexicanos: entrega de la banca nacional a la inversión privada extranjera; abandono del campo; cesión de la explotación minera a grupos empresariales; entrega de la educación media y superior al mercado; incremento de impuestos a trabajadores, micro, pequeños y medianos empresarios, entre muchas otras.
Tomando en cuenta lo anterior, no debe sorprender que estemos ante otro intento de las bancadas mayoritarias por emitir una ley que lastime severamente al tejido social y afecte libertades básicas consagradas en nuestra Constitución. Pretextando la alarmante crisis de seguridad y ausencia del Estado en muchas zonas del país, buscan facultar al titular del Ejecutivo a fin que pueda solicitar la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, cuando considere que “constituyan un desafío o amenaza”.
Tan lesiva propuesta deja al arbitrio del grupo en el poder, y más grave aún, de una sola persona, determinar si un hecho específico representa una amenaza o desafía la seguridad interna, disponiendo en consecuencia del ejército y otros cuerpos responsables de la seguridad nacional.
Ante este panorama tan adverso, he de insistir en la necesidad de generar la asociación consciente de los mexicanos, que los millones y millones de personas afectadas por esta voracidad en el ejercicio del poder se organicen, nos organicemos. Informando de manera personal, por las redes sociales, o correo electrónico a cada vez más personas, éstas podrán formar un mejor juicio respecto al acontecer nacional y no necesitaremos intermediarios que responden a intereses distintos a los de la mayoría. Que seamos ciudadanos haciéndonos de los espacios públicos virtuales.
La realidad establece que de poco sirve quejarse y, contrario a lo que muchos piensan, nuestra labor como agentes de cambio desde la izquierda debe ir más allá de evidenciar el fracaso y ausencia del Estado.
Nunca antes en la historia de nuestra nación tantos mexicanos habían protestado en las calles, por eso es importante empoderar a esos millones. Es vital para el futuro inmediato que cobren vida orgánica y participen activamente en las decisiones y políticas públicas del gobierno. Es casi un despropósito optar por la vía cómoda del señalamiento sin tomar acción.
Hoy, somos testigos de otra arremetida por parte de PRI y el PAN por derruir los derechos humanos y continuar con la política de sembrar terror entre la población. Eso pasaba hace muchos años y dimos la batalla en muchos frentes. Las circunstancias cambiaron y ahora somos, insisto, millones los que, de organizarnos y construir desde abajo, entre todos, poder popular podremos evitar ser objeto de esta clase de intentos por totalizar el Estado. Tenemos ante nosotros el enorme reto de brindar a nuestra sociedad el carácter democrático en todo el sentido de la palabra, es decir, que se ejerza el poder del pueblo.
Tomando en cuenta lo anterior, no debe sorprender que estemos ante otro intento de las bancadas mayoritarias por emitir una ley que lastime severamente al tejido social y afecte libertades básicas consagradas en nuestra Constitución. Pretextando la alarmante crisis de seguridad y ausencia del Estado en muchas zonas del país, buscan facultar al titular del Ejecutivo a fin que pueda solicitar la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, cuando considere que “constituyan un desafío o amenaza”.
Tan lesiva propuesta deja al arbitrio del grupo en el poder, y más grave aún, de una sola persona, determinar si un hecho específico representa una amenaza o desafía la seguridad interna, disponiendo en consecuencia del ejército y otros cuerpos responsables de la seguridad nacional.
Ante este panorama tan adverso, he de insistir en la necesidad de generar la asociación consciente de los mexicanos, que los millones y millones de personas afectadas por esta voracidad en el ejercicio del poder se organicen, nos organicemos. Informando de manera personal, por las redes sociales, o correo electrónico a cada vez más personas, éstas podrán formar un mejor juicio respecto al acontecer nacional y no necesitaremos intermediarios que responden a intereses distintos a los de la mayoría. Que seamos ciudadanos haciéndonos de los espacios públicos virtuales.
La realidad establece que de poco sirve quejarse y, contrario a lo que muchos piensan, nuestra labor como agentes de cambio desde la izquierda debe ir más allá de evidenciar el fracaso y ausencia del Estado.
Nunca antes en la historia de nuestra nación tantos mexicanos habían protestado en las calles, por eso es importante empoderar a esos millones. Es vital para el futuro inmediato que cobren vida orgánica y participen activamente en las decisiones y políticas públicas del gobierno. Es casi un despropósito optar por la vía cómoda del señalamiento sin tomar acción.
Hoy, somos testigos de otra arremetida por parte de PRI y el PAN por derruir los derechos humanos y continuar con la política de sembrar terror entre la población. Eso pasaba hace muchos años y dimos la batalla en muchos frentes. Las circunstancias cambiaron y ahora somos, insisto, millones los que, de organizarnos y construir desde abajo, entre todos, poder popular podremos evitar ser objeto de esta clase de intentos por totalizar el Estado. Tenemos ante nosotros el enorme reto de brindar a nuestra sociedad el carácter democrático en todo el sentido de la palabra, es decir, que se ejerza el poder del pueblo.
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